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lunes | 3 junio | 2024
El PPdeG eligió ayer Cambados como uno de los tres municipios donde desembarcaron sus representantes para proclamar el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Lei do Litoral de Galicia. Y es que vienen defendiendo que con esta herramienta se dará “seguridade xurídica” a las empresas que se han sentido amenazadas por aquel informe de Costas desfavorable al Plan Especial de Ordenación Portuaria, el cual indicaba que empresas y edificios públicos deberán abandonar su ubicación una vez agotadas sus concesiones.
De hecho, el Concello está pendiente de un segundo dictamen y el propio alcalde, el socialista Samuel Lago, señalaba esta semana que “supoñemos” que, con la entrada en vigor de la nueva norma gallega, “haberá un cambio”, aunque todo está pendiente de una reunión a tres bandas impulsada por el propio regidor para intentar encontrar puntos de encuentro y sacar adelante este importante plan.
Pero los populares gallegos están plenamente convencidos de que ahora se “poñerá fin a situacións incomprensibles que tratan de borrar toda presenza humana no litoral”, declaró ayer su secretaria xeral, Paula Prado. Y es que el Constitucional desestimó la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por el gobierno central y rechaza que sea necesario modificar el Estatuto de Autonomía. Del mismo modo avala que las empresas de la cadena mar-industria pueden ocupar Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) siempre que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación porque precisan recoger auga del mar.
En cambio, no acepta el trato de privilegio pretendido para la flota gallega ni que sistemas de saneamiento puedan ocupar DPMT. Esto también es importante en el ámbito local, pues avala la decisión tomada por Costas de no haber autorizado la sustitución de la tubería de fecales que va desde Vilanova a la EDAR de Tragove (Cambados).
Prado avanzó que la Xunta empezará a aplicar la ley lo “antes posible” para “recuperar os meses perdidos” por un recurso que consideran “máis político que xurídico e dunha clara diferenza de trato de Galicia con respecto a outras comunidades autónomas, coas que se alcanzaron acordos”, apuntó la portavoz de Cambados, Sabela Fole, sobre el caso de Cataluña, Baleares y País Vasco. De hecho, ahora le “esixirá” el traspaso de “medios materiais e persoais para poder outorgar concesións no dominio público”.
Para las populares, Galicia ha recibido “a mellor das noticias” y se “abre un tempo novo” que “aportará seguridade xurídica ás empresas e á cidadanía”. De hecho, la secretaria xeral acusó a PSOE y BNG de tener “pouca altura de miras” cuando se abstuvieron en la aprobación de la ley en el Parlamento galego, porque, en su opinión, “deixaron pasar a oportunidade de apoiar unha norma vital para Galicia só por sacar rédito político”.
Fole recalcó que la norma, que también tiene el aval del Consello Consultivo, persigue una “xestión sostible no ámbito ambiental e no socioeconómico” y recordó que Galicia es la mayor comunidad con litoral de España, con 25.000 kilómetros de costa y con una actividad pesquera que suma más de 40.000 puestos de trabajo y 9.000 millones de euros, lo que supone un 5 % de su PIB.
